La Policía Estatal de Nueva York asumirá la investigación penal de las denuncias de agresión sexual en la Universidad de Cornell en virtud de un acuerdo anunciado el jueves por la gobernadora Kathy Hochul. El pacto aparta a la propia policía de la universidad después de meses de críticas por su gestión de la denuncia de una exalumna que afirma que fue drogada y agredida sexualmente en una casa de fraternidad en octubre de 2024. Las denuncias que normalmente corresponderían a la policía del campus se remitirán a la policía estatal, a menos que la persona denunciante solicite lo contrario. La medida no supone por sí sola cargos penales en el caso que está en el centro de la polémica, pero cambia quién investigará la próxima denuncia en uno de los campus más conocidos de Estados Unidos,.
Hochul anunció el acuerdo el jueves y señaló que la Policía Estatal de Nueva York y la Universidad de Cornell habían firmado un pacto que traslada la investigación penal de las denuncias de agresión sexual de la policía del campus al organismo estatal. Esas denuncias en Cornell corresponderían normalmente al Departamento de Policía de la Universidad de Cornell, un departamento de la propia universidad. Con el nuevo acuerdo, la universidad las remitirá a la policía estatal, con la excepción de los casos en que la denunciante solicite lo contrario.
"Cuando alguien denuncia una agresión sexual, merece ser escuchado, tratado con compasión y saber que sus denuncias se tomarán en serio y se investigarán a fondo", dijo Hochul. Al calificar las denuncias de Jane Doe de "horrorosas", añadió: "Las supervivientes deben poder confiar en las instituciones responsables de protegerlas. No podemos permitirnos defraudarlas". El presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, dijo que el acuerdo se mantendrá vigente durante toda la revisión independiente de la gestión por parte de la universidad de la denuncia de Jane Doe, lo que deja abierto su futuro a más largo plazo una vez que concluya esa revisión.
La polémica gira en torno a una demanda civil presentada este año por una mujer identificada solo como Jane Doe, que afirma que fue drogada y agredida sexualmente durante varias horas en la casa de la fraternidad Chi Phi en Ithaca, Nueva York, en octubre de 2024, mientras estaba demasiado intoxicada para consentir. Llegó a la casa hacia las 11 de la noche del 19 de octubre de 2024 y denunció la presunta agresión a la policía de Cornell el 8 de noviembre de 2024, un día después de someterse a un examen médico en un servicio de urgencias de Ithaca. La demanda nombra a siete exalumnos, junto con la Universidad de Cornell, organizaciones de Chi Phi y su antigua hermandad femenina. Los abogados de los miembros de la fraternidad han negado las acusaciones; algunos han dicho que la actividad sexual fue consentida, mientras que otros han cuestionado la participación de sus clientes en los hechos descritos. Las acusaciones no se han probado ante un tribunal.
En su momento no se presentaron cargos penales, y la pregunta de por qué se ha convertido en el punto más agudo de la disputa. El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, ha dicho que su oficina revisó una declaración jurada de seis páginas elaborada a partir de las entrevistas de Jane Doe con la policía de Cornell los días 14 y 15 de noviembre de 2024, y decidió en cuestión de días que la conducta descrita no sustentaba cargos penales. En septiembre dijo que la declaración jurada describía su participación en el consumo de drogas y la actividad sexual como voluntaria y consentida. El abogado de Jane Doe, Thomas Giuffra, sostiene que las autoridades juzgaron el caso a partir de esa declaración inicial sin investigarlo a fondo, y dijo a The Associated Press que su clienta fue llevada a creer que la policía del campus seguía reuniendo pruebas después de que los fiscales ya hubieran decidido no presentar un caso. Informes de The New York Times, CNN y The Associated Press describen una nota de la policía de Cornell según la cual un investigador se puso en contacto con los fiscales el 25 de noviembre de 2024 para hablar de entrevistas y mensajes adicionales, y se le dijo que ya habían decidido no presentar cargos. Cornell se negó a responder a las preguntas de The Associated Press en nombre de su departamento de policía, alegando un litigio pendiente.
Por otra parte, los registros de delitos del campus revisados por NBC News, CBS News y el Cornell Daily Sun muestran que la policía de Cornell acudió a la casa de Chi Phi hacia la 1:05 de la madrugada del 19 de octubre de 2024, horas antes de que Jane Doe diga que llegó, y realizó un arresto relacionado con drogas. Una decisión de audiencia del Título IX de Cornell también documentó una sobredosis de ketamina en la casa el 18 de octubre o alrededor de esa fecha. El registro de delitos no nombra a la persona arrestada ni identifica las drogas implicadas, y no establece ninguna conexión entre ese arresto y lo que Jane Doe afirma que ocurrió horas después. El capítulo de Chi Phi fue suspendido el 8 de noviembre de 2024, y Cornell ha dicho que ha sido expulsado del campus. Una investigación formal del Título IX se abrió el 14 de enero de 2025, con más de 50 entrevistas a 32 testigos durante 12 días de audiencias; dos hombres fueron expulsados y otros recibieron suspensiones, talleres obligatorios o trabajos escritos. Ese proceso universitario es distinto de un proceso penal, que solo un fiscal puede iniciar, y la brecha entre las sanciones en el campus y la ausencia de cargos penales ha alimentado protestas, incluida una sentada de siete horas el 7 de octubre de 2026, por las siete horas que Jane Doe afirma que duró la agresión.
El cambio práctico tiene que ver con la independencia. La policía del campus de Cornell está formada por empleados de la universidad que investigan denuncias sobre una comunidad universitaria, y quienes critican esa estructura sostienen que crea, como mínimo, la apariencia de un conflicto cuando la reputación de la institución está en juego. La policía estatal no tiene ningún vínculo institucional con Cornell y ahora reunirá pruebas y presentará casos ante los fiscales. El acuerdo preserva la elección de la denunciante y se aplica a denuncias futuras, no al pasado: el caso penal de Jane Doe ya está en manos de la fiscal especial. No sustituye el proceso del Título IX de Cornell, que gestiona la disciplina universitaria por separado de la justicia penal.
Hochul ha presentado el acuerdo con la policía estatal como la última de una serie de intervenciones, después de nombrar a James fiscal especial para reabrir la investigación penal de la denuncia de Jane Doe. James ha dicho que ahora hay una investigación penal activa, y los informes señalan que se espera una revisión por parte de un gran jurado. El comité de la junta directiva nombró a Yates para revisar la respuesta de la universidad a las denuncias de agresión sexual, una revisión que sigue en curso. La resolución del Senado de la Facultad dice: "El Senado de la Facultad no confía en la capacidad de la administración central para abordar eficazmente la crisis actual de agresión sexual en la Universidad de Cornell".
Giuffra ha mantenido el foco en la investigación original, sosteniendo que el caso se juzgó a partir de la declaración inicial de Jane Doe, en la que describía haber consentido partes de la noche, en lugar de a partir de una investigación completa. Van Houten ha defendido la lectura que hizo su oficina de esa declaración. Los abogados de los hombres acusados siguen negando la agresión sexual.
El acuerdo de Cornell importa más allá de un campus porque pone a prueba una respuesta estructural a un problema conocido: ¿quién debe investigar una denuncia de agresión sexual cuando los presuntos agresores, la denunciante y los investigadores pertenecen todos a la misma institución? Quienes defienden la policía del campus afirman que los agentes locales conocen el campus y responden más rápido. Quienes la critican sostienen que esa cercanía se convierte en un inconveniente en los casos en que la propia universidad se enfrenta a un escrutinio, y que las supervivientes pueden dudar a la hora de denunciar ante agentes empleados por la universidad a la que acusan de haberles fallado. Que una gobernadora ordene la intervención de la policía estatal en ese papel es una intervención poco habitual y de gran repercusión, y otras universidades observarán si se convierte en un modelo o sigue siendo una respuesta puntual a un caso extraordinario.
Varios procesos se desarrollan ahora en paralelo. La revisión de Yates continúa, y el acuerdo con la policía estatal se mantiene vigente al menos hasta que concluya. La investigación penal de la fiscal especial está activa, y según los informes se espera una revisión por parte de un gran jurado, aunque no se ha anunciado ningún plazo para una decisión sobre cargos. El voto del Senado de la Facultad se prolonga hasta el 6 de noviembre; no es vinculante, pero medirá públicamente el sentir del profesorado.
Las futuras denuncias de agresión sexual que normalmente investigaría la propia policía de Cornell se remitirán a la Policía Estatal de Nueva York para su investigación penal, a menos que la persona denunciante solicite lo contrario. El proceso disciplinario aparte del Título IX de Cornell continúa.
No directamente. El nuevo acuerdo abarca denuncias futuras. La denuncia penal de Jane Doe se gestiona por separado a través de la fiscal general Letitia James, nombrada fiscal especial por la gobernadora Hochul.
El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, ha dicho que su oficina decidió en cuestión de días, sobre la base de la declaración jurada de seis páginas de Jane Doe de noviembre de 2024, que la conducta descrita no sustentaba cargos penales. Su abogado cuestiona que la investigación fuera exhaustiva.
La investigación del Título IX de Cornell, abierta en enero de 2025 con más de 50 entrevistas, condujo a dos expulsiones, mientras que otros estudiantes recibieron suspensiones, talleres o trabajos escritos. El capítulo de Chi Phi fue suspendido en noviembre de 2024 y expulsado del campus.
El presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, ha dicho que se mantendrá vigente durante toda la revisión independiente de la gestión por parte de la universidad de la denuncia de Jane Doe. No se ha anunciado qué ocurrirá una vez que concluya esa revisión.
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