
España vivió el sábado 31 de octubre de 2026 su tercer día de luto nacional con una misa en memoria en el pueblo de Urda por las víctimas de uno de los desastres ferroviarios más mortales de Europa en este siglo, mientras el número confirmado de muertos por la colisión de trenes de alta velocidad del miércoles llegaba a 69 y los maquinistas exigían reformas urgentes de seguridad. En la iglesia de San Juan Bautista del pueblo, los bancos estaban llenos y decenas de personas más se congregaron fuera para escuchar el oficio, algunas secándose las lágrimas, mientras el país rendía homenaje a los fallecidos.
El homenaje llegó mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmaba el viernes que no dimitiría y anunciaba nuevas medidas para reducir los riesgos técnicos y recuperar la confianza pública en la red de alta velocidad, sin precisar aún en qué consistirían. El sindicato de maquinistas Semaf, por su parte, convocó dos nuevas huelgas en el operador estatal Renfe para el 10 y el 12 de noviembre, exigiendo medidas estructurales de seguridad.
La colisión se produjo el miércoles por la mañana en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla entre Los Yébenes y Urda, a unos 130 kilómetros al sur de Madrid. El AVE de Renfe 02080, el tren de las 8:00 de Madrid Atocha a Sevilla Santa Justa con 397 pasajeros, chocó por detrás con el tren Iryo 6076, que había salido a las 7:54 con 147 personas y estaba detenido. Varios vagones descarrilaron, algunos cayendo por un terraplén. Al menos 180 personas resultaron heridas, y las autoridades de Castilla-La Mancha informaron de que 58 heridos necesitaron tratamiento hospitalario.
El sábado, vecinos y autoridades locales se reunieron en Urda para la misa en memoria de las víctimas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que España trabajaba sin descanso para completar el proceso de identificación, mientras las familias seguían esperando noticias. Las autoridades judiciales encargadas del proceso dijeron que 67 informes de personas desaparecidas seguían activos, incluidos 14 de ciudadanos extranjeros. El depósito de Toledo recibió 52 cuerpos, mucho más que su capacidad de 30, y los equipos de búsqueda usaron perros rastreadores y drones térmicos en el lugar del accidente mientras el balance subía de 68 a 69 durante la semana. La exministra de Trabajo Fátima Báñez figuraba entre los fallecidos confirmados.
El luto fue nacional. Ayuntamientos de toda España guardaron un minuto de silencio a las 20:00 durante la semana, unas 1.500 personas se congregaron ante el Ministerio de Transportes para exigir responsabilidades, unas 400 lo hicieron ante el ayuntamiento de Toledo y unas 1.000 en la plaza del Pilar de Zaragoza, donde algunas portaban pancartas pidiendo la dimisión de Puente. Las banderas ondearon a media asta y el Gobierno canceló o redujo ceremonias oficiales y actos públicos.
Puente dijo que un fallo informático detuvo el sistema de protección de trenes LZB, que cubría un tramo de entre 63 y 69 kilómetros, alrededor de las 8:30 de la mañana del miércoles. El fallo detuvo automáticamente los trenes del tramo. Según el relato del ministro, un centro de control central autorizó después al AVE a reanudar la marcha sin restricciones de velocidad, aunque al parecer seguía activa una señal de parada. Los informes sitúan la autorización a las 8:36, y el tren de Renfe recorrió entonces unos 25 kilómetros antes de chocar con el servicio Iryo detenido.
Puente dijo que el tren podría haber circulado a hasta 200 kilómetros por hora en ese tramo; su velocidad en el momento del impacto seguía bajo investigación. La Guardia Civil abrió una investigación e interrogó a un controlador de Adif, examinando las comunicaciones entre la sala de control y los maquinistas. La información preliminar de la Autoridad Independiente de Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes, conocida como AITAT, confirmó que el sistema LZB dejó de funcionar a las 8:31 del miércoles, poco antes del choque, aunque sigue sin estar claro si ese fallo causó directamente el accidente.
Puente describió la decisión del centro de control de reanudar el tráfico como adoptada en circunstancias que, en sus palabras, eran inexplicables, y dijo que el centro tuvo tiempo más que suficiente para verificar el error y no lo corrigió. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Puente de frivolidad por culpar a un solo operador del centro de control. El ministro ha rechazado las peticiones de dimisión.
La colisión del miércoles fue el segundo accidente ferroviario mortal de España en 2026, tras el choque de Adamuz en Córdoba en enero, en el que murieron 46 personas. Juntos, los dos desastres han sacudido la confianza en una red de alta velocidad considerada durante mucho tiempo una de las más seguras y modernas del mundo, y han sometido a una intensa presión al Gobierno de Sánchez antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El rey Felipe VI visitó a los pasajeros heridos en Toledo y pidió medidas para garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Sánchez visitó el lugar del accidente. En Santiago de Compostela, una vigilia recordó el choque de Angrois de 2013, otro de los días más oscuros del ferrocarril español. Un colegio de Urda se convirtió en un centro donde los familiares podían pedir información, con trabajadores de Cruz Roja ofreciendo apoyo psicológico a familias que llegaban entre lágrimas.
El sindicato de maquinistas dice que sus preocupaciones no son nuevas. Semaf informó en enero de 2026 de que cientos de maquinistas llevaban tiempo denunciando incidentes en la red ferroviaria sin respuesta ni medidas correctoras. Los maquinistas de Renfe ya estaban en una huelga convocada antes del accidente, y el sindicato mantuvo un paro el jueves. Las nuevas huelgas del 10 y el 12 de noviembre elevan esa disputa a una exigencia directa de cambio estructural.
El alcalde de Urda, Manuel Galán, agradeció a quienes trabajaron en el lugar, elogió la cooperación entre administraciones, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos. El presidente regional, Emiliano García-Page, asistió al homenaje de Toledo junto a las ministras Milagros Tolón e Isabel Rodríguez.
Sánchez dijo el viernes que la confianza en la red de alta velocidad se había visto sacudida y que el Gobierno trabajaba sin descanso para agilizar las identificaciones. Puente, al descartar dimitir, anunció planes de nuevas medidas para mitigar los riesgos técnicos y recuperar la confianza pública, aunque los detalles específicos aún no se han divulgado.
La exigencia de Semaf es concreta: una revisión a fondo de la normativa que rige cómo deben operar los trenes cuando fallan los sistemas automáticos de protección, para que nunca más se reanude la marcha a velocidad normal cuando exista el riesgo de que dos trenes acaben en el mismo tramo de vía.
El desastre de Urda importa en primer lugar para las familias que aún esperan certeza. Con 67 informes de personas desaparecidas aún activos días después del choque, la identificación —no la culpa— sigue siendo la tarea más urgente, y la saturación del depósito de Toledo subraya lo poco preparada que estaba el sistema para un desastre de esta magnitud.
Importa en segundo lugar para la seguridad ferroviaria en toda Europa. La red AVE española transporta millones de pasajeros al año y a menudo se presenta como modelo. Si un fallo del sistema de protección, seguido de una autorización manual para reanudar a velocidad, puede producir una colisión con 69 muertos, los reguladores de todos los países con sistemas similares se preguntarán cómo funcionan sus propios procedimientos de respaldo cuando falla la automatización.
Importa en tercer lugar en lo político. Dos desastres ferroviarios mortales en un año, unas elecciones generales inminentes, protestas callejeras exigiendo responsabilidades y una amenaza de huelga de maquinistas convergen en una sola pregunta: si el Gobierno puede demostrar, de forma rápida y concreta, que la red es segura. Las nuevas medidas de Puente, aún sin especificar, se juzgarán con ese criterio, y las huelgas de noviembre dan a la disputa un plazo inflexible.
La investigación continúa en dos vías: la pesquisa de la Guardia Civil sobre las decisiones y comunicaciones de la sala de control, y la investigación técnica de la AITAT sobre el fallo del LZB y si causó directamente la colisión. Ambas determinarán cualquier consecuencia penal o disciplinaria, y cualquier rediseño de las normas de operación.
Se espera que las medidas prometidas por Puente se detallen en los próximos días, y se examinarán a la luz de la exigencia de Semaf de un cambio estructural. Si el sindicato las juzga insuficientes, las huelgas en Renfe del 10 y el 12 de noviembre seguirán adelante, interrumpiendo los servicios en la misma red cuya seguridad está en cuestión.
Para la propia Urda, los próximos días serán más tranquilos y más duros: funerales, identificaciones y el lento trabajo de un pueblo de unos pocos miles de habitantes asimilando un desastre que todo el país observó. La misa del sábado fue, para muchos vecinos, solo el comienzo de ese duelo.
¿Qué pasó en Urda? El miércoles por la mañana, un tren AVE de Renfe chocó por detrás con un tren Iryo detenido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla cerca de Urda, Toledo, causando 69 muertos y al menos 180 heridos.
¿Qué causó el choque? El sistema de protección de trenes LZB falló a las 8:31, deteniendo los trenes; el centro de control autorizó después al AVE a reanudar, al parecer sin restricciones de velocidad, y recorrió unos 25 kilómetros antes de la colisión. La causa completa sigue bajo investigación.
¿Qué ocurrió el sábado? España guardó un tercer día de luto nacional, con una misa en la iglesia de San Juan Bautista en Urda, con los bancos llenos y dolientes congregados fuera.
¿Ha dimitido el ministro de Transportes? No. Óscar Puente descartó dimitir el viernes y prometió nuevas medidas de seguridad, aún sin detallar.
¿Qué pasa ahora? Continúan las investigaciones de la Guardia Civil y de la AITAT, se esperan las medidas de Puente y los maquinistas planean huelgas en Renfe el 10 y el 12 de noviembre.
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