
Sesenta y seis miembros del Congreso han pedido al Gobierno de Donald Trump que cancele los vuelos previstos de deportación de afganos, advirtiendo que enviarlos de regreso a través de Pakistán hacia el Afganistán talibán podría poner sus vidas en peligro. La carta bipartidista, encabezada por el representante Scott Peters, de California, y enviada el lunes 2 de noviembre de 2026 al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, exige la cancelación inmediata de los vuelos.
Grupos de defensa informan de que más de 150 afganos detenidos debían trasladarse desde Luisiana hacia Pakistán a partir del martes 3 de noviembre, con regreso posterior a Afganistán. Human Rights First confirmó un vuelo desde Alexandria, en Luisiana, hacia Pakistán para el martes. El Departamento de Seguridad Nacional se negó a confirmar futuras operaciones y no se confirmó si algún vuelo había partido.
Los legisladores exigieron la cancelación inmediata de los vuelos de deportación de afganos e iraníes, directos o a través de otro país. Su carta cita informes según los cuales más de 150 afganos detenidos debían ser trasladados desde Luisiana hacia Pakistán a partir del martes, con un regreso posterior a Afganistán.
Los legisladores destacaron que Afganistán es un país de Nivel 4, “No viajar”, del Departamento de Estado. Algunas personas que enfrentan la expulsión son familiares de afganos que trabajaron con las fuerzas estadounidenses. Devolverlas las expondría a persecución por su presunto apoyo a EE. UU. o por criticar a los talibanes.
Seguridad Nacional se negó a confirmar futuras operaciones. El Ministerio talibán dijo el lunes que estaba dispuesto a colaborar en los retornos, y no se confirmó si algún vuelo había partido.
Esta carta sigue a un plan reportado a finales de octubre para enviar a más de 150 afganos detenidos en Luisiana de regreso a Afganistán vía Pakistán. EE. UU. no tiene relaciones diplomáticas con el Gobierno talibán, en el poder desde agosto de 2021, por lo que se necesita un tercer país.
Más de 120.000 afganos fueron evacuados en 2021 tras la caótica retirada estadounidense. Muchos recibieron un permiso humanitario y luego, en 2022, el Estatus de Protección Temporal por 18 meses. Desde entonces, pocos han logrado avanzar sus solicitudes de asilo o de estatus especial en un sistema atrasado, dejando a muchos en un limbo legal durante cinco años. El Gobierno de Trump puso fin a ese estatus y buscó terminar los programas de reasentamiento de Joe Biden.
El propio Pakistán ha deportado a millones de afganos hacia Afganistán, así que un vuelo a Pakistán no garantiza seguridad.
La ruta por Pakistán es central en esta disputa. Como Washington no reconoce al Gobierno talibán y no tiene embajada en Kabul, no pueden ser trasladadas simplemente a Afganistán en una ruta comercial normal. En cambio, el plan reportado usa a Pakistán como punto de tránsito, desde donde podrían ser devueltas luego a Afganistán.
Ese patrón encaja en una estrategia más amplia de deportaciones a terceros países. El Gobierno de Trump ha firmado acuerdos con al menos 35 países para recibir a ciudadanos de terceros países, a menudo porque no puede enviarlos directamente a sus países por temor a torturas, asesinatos o persecución. Según recuentos citados por Al Jazeera, más de 25.000 personas han sido enviadas a la fuerza a terceros países.
Los críticos dicen que esto socava normas humanitarias, porque los deportados a menudo terminan en países con malos historiales de derechos humanos o tan peligrosos que EE. UU. pide no viajar allí. Los defensores dicen que las órdenes deben cumplirse.
El lenguaje de los legisladores fue inusualmente duro. “Enviar a decenas de personas de regreso a uno de los países más peligrosos del mundo, y donde es probable que sean perseguidas por su presunto apoyo al Gobierno de EE. UU. o por criticar a los talibanes, es una sentencia de muerte”, escribieron. Y añadieron: “Nuestro país hizo la promesa de no abandonar nunca a los afganos que sacrificaron su seguridad y la de sus familias para estar junto a los miembros del servicio estadounidense”.
Shawn VanDiver, de AfghanEvac, dijo a Al Jazeera que la mayoría de los afganos programados para la deportación no tuvieron una oportunidad adecuada de luchar en los tribunales. “Fueron puestos en procedimientos de expulsión porque no tenían abogados para defenderse”, dijo. Habló el lunes con un ex policía afgano que esperaba ser deportado y temía por su vida.
“Estas personas están en una situación desesperada; llevan cinco años atrapadas en este limbo, esperando permanencia, esperando tarjetas de residencia, esperando saber cuál es su estatus”, dijo VanDiver. Seguridad Nacional no ha respondido públicamente más allá de negarse a confirmar futuras operaciones.
La carta importa por tres razones. Primero, pone a prueba una promesa de la evacuación: que los afganos junto a las fuerzas estadounidenses no serían abandonados. Segundo, plantea si un vuelo a Pakistán puede llamarse seguro cuando el regreso a Afganistán es el resultado esperado. Tercero, llega el día de las elecciones, el 3 de noviembre de 2026, cuando la inmigración ya es un tema definitorio.
Ahora importa si el Gobierno responde, retrasa los vuelos o sigue adelante pese a la presión del Congreso. Los defensores están atentos a los vuelos desde Alexandria, en Luisiana, y a demandas contra expulsiones individuales. Si un vuelo parte, la atención se desplazará a Pakistán y a las transferencias posteriores a Afganistán.
Los legisladores también podrían impulsar el tema mediante legislación. VanDiver dijo que los defensores promueven un proyecto bipartidista que otorgaría a muchos afganos el Estatus de Protección Temporal tras su retirada. Por ahora, los más de 150 afganos en el centro de esta disputa siguen detenidos, esperando saber si el vuelo del martes es el final de su tiempo en Estados Unidos, o si el Congreso les ha dado más tiempo.
Sesenta y seis miembros de ambas cámaras, encabezados por Scott Peters, de California, escribieron a Marco Rubio y Markwayne Mullin el 2 de noviembre de 2026.
Más de 150 afganos detenidos debían trasladarse desde Luisiana hacia Pakistán a partir del 3 de noviembre.
EE. UU. no tiene relaciones diplomáticas con el Gobierno talibán, por lo que no puede devolver a las personas directamente. Pakistán es la ruta reportada, aunque ha deportado a millones de afganos hacia Afganistán.
Se negó a confirmar futuras operaciones, y no se confirmó si algún vuelo había partido cuando la carta se hizo pública.