
WASHINGTON — La Corte Suprema escuchó el martes 3 de noviembre de 2026 los argumentos orales en el caso de preescolar que enfrenta la libertad religiosa con las normas contra la discriminación, cuando dos preescolares católicas pidieron unirse al programa Universal Preschool de Colorado, financiado con fondos públicos, mientras se niegan a inscribir a niños por su orientación sexual o identidad de género. El caso, St. Mary Catholic Parish v. Roy, expediente No. 25-581, podría cambiar cómo los estados condicionan el dinero público para escuelas religiosas.
La audiencia, el día de las elecciones, provocó reacciones inmediatas de ambos lados. Las escuelas calificaron la norma como un castigo por la enseñanza católica; el estado la llamó una condición neutral para cada proveedor que recibe dinero público. Se espera una decisión antes de que termine el periodo, en el verano de 2027.
Los jueces escucharon el martes a los abogados de las preescolares, de Colorado y del gobierno federal. En el centro hay una pregunta clave: cuando un estado ofrece dinero público a preescolares privadas, ¿puede exigir que cada escuela prometa igualdad de acceso, aunque una escuela religiosa diga que esa promesa choca con su fe?
Las escuelas, representadas por el Becket Fund for Religious Liberty, dicen que la condición de Colorado las excluye por sus creencias religiosas. Colorado responde que siguen siendo bienvenidas en las mismas condiciones que cualquier otro proveedor. Las escuelas dicen que quedaron fuera de un programa de 2023 que otorga a los padres alrededor de 6.000 a 6.300 dólares por niño para 15 horas semanales de preescolar.
Colorado lanzó Universal Preschool en 2023 para dar a cada niño de cuatro años acceso gratuito a preescolar a tiempo parcial. La disputa comenzó cuando las preescolares de la Arquidiócesis de Denver buscaron unirse sin renunciar a sus políticas de admisión.
Los tribunales inferiores dieron la razón al estado. Un tribunal de distrito confirmó las protecciones en 2024, y el Décimo Circuito las ratificó en septiembre de 2025. El contexto legal es una serie de decisiones recientes que ampliaron el acceso de las instituciones religiosas a los beneficios públicos. Las preescolares dicen que esos fallos son aplicables aquí; Colorado dice que este caso es diferente porque buscó su participación, siempre que aceptaran la misma promesa que todos los demás.
El tribunal planteó dos preguntas. Primero, si las excepciones a los requisitos de inscripción de Colorado socavan su aplicabilidad general bajo la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda. Segundo, si los fallos previos que protegen el acceso de las instituciones religiosas a los beneficios públicos se aplican a esta disputa.
Una ley neutral y de aplicación general recibe un escrutinio menos estricto que una ley que apunta contra la religión. Las escuelas argumentan que la norma no es realmente general, porque permite otras excepciones y favorece a familias LGBTQ mientras penaliza las creencias católicas. Colorado dice que la norma es equitativa. Sobre los beneficios, las escuelas dicen que Colorado niega un beneficio disponible porque son religiosas; el estado responde que está disponible en las mismas condiciones para todos. Un fallo a favor de las escuelas podría obligar a los estados a financiar proveedores que rechacen normas de no discriminación.
Americans United for Separation of Church and State, que apoya a Colorado junto con más de una docena de organizaciones, emitió un comunicado mientras se escuchaban los argumentos.
"La libertad religiosa nunca debe usarse como una licencia para discriminar y negar a los niños el acceso a un programa educativo financiado por los contribuyentes", dijo Rachel Laser, presidenta y directora ejecutiva de la organización. "Instamos a la Corte Suprema de Estados Unidos a proteger la libertad religiosa de los contribuyentes de Colorado y de los niños y familias LGBTQ+ garantizando que los programas públicos no financien la discriminación".
El lado de las escuelas lo planteó en términos opuestos. Nicholas Reaves, abogado del Becket Fund, ha dicho que Colorado negó a las familias "la capacidad de usar esa financiación en preescolares católicas, simplemente porque esas preescolares tienen creencias religiosas que al estado no le gustan". Una coalición de 19 fiscales generales apoya a Colorado, y el gobierno de Trump respalda a los grupos católicos.
El preescolar suele ser el primer contacto de una familia con el sistema educativo, y el fallo indicará hasta dónde pueden llegar los estados al imponer condiciones de derechos civiles al dinero que llega a proveedores religiosos. Para las familias LGBTQ, plantea si un programa público puede incluir una escuela que rechazaría a su hijo. Para las escuelas religiosas, plantea si el estado puede exigirles que actúen contra su fe como precio de la participación.
Los jueces deliberarán ahora en privado y redactarán sus opiniones, un proceso que suele llevar meses. Hasta entonces, el programa seguirá funcionando con las normas vigentes, y las dos preescolares permanecerán fuera de él a menos que acepten el requisito de igualdad. Para los padres, el efecto se sentirá en la temporada de inscripciones: si ganan las escuelas, las familias católicas podrían usar los fondos estatales en St. Mary y St. Bernadette/Wellspring por primera vez.
Dos preescolares católicas quieren unirse al programa Universal Preschool de Colorado mientras se niegan a inscribir a niños por su orientación sexual o identidad de género; Colorado exige igualdad de inscripción a todos.
Los argumentos orales se celebraron el martes 3 de noviembre de 2026. Se espera una decisión en el verano de 2027.
Otorga a los padres alrededor de 6.000 a 6.300 dólares por niño para 15 horas semanales de preescolar.
Un tribunal de distrito confirmó las protecciones en 2024, y el Décimo Circuito las ratificó en septiembre de 2025.
Podrían unirse al programa sin renunciar a sus políticas religiosas, y otros estados podrían reconsiderar sus condiciones para proveedores religiosos.
Cobertura relacionada: nuestro informe anterior sobre el caso preescolar de Colorado, legisladores piden a Trump cancelar los vuelos de deportación de afganos y el Departamento de Justicia impide a Jack Smith testificar en el caso de Trump contra la BBC.