
Washington — El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió el martes 3 de noviembre de 2026, en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el segundo ataque a una lancha en el Caribe, y afirmó que el comandante que lo ordenó tomó la decisión correcta en la niebla de la guerra. La defensa de Hegseth llegó en la misma reunión en la que el presidente Donald Trump se distanció del segundo impacto y dijo no saber nada de la muerte de personas en él.
El intercambio sometió de nuevo a escrutinio la campaña antidrogas, mientras los legisladores abrían investigaciones y los expertos cuestionaban si un segundo ataque contra supervivientes era legal.
En la reunión del martes, preguntaron a Hegseth por el segundo ataque contra la primera lancha atacada en la campaña en el Caribe a principios de septiembre. Describió una escena caótica tras el primer ataque y dijo que la embarcación "explotó entre fuego y humo" y que no vio supervivientes en el agua. Añadió que "no se quedó" después del ataque inicial.
Hegseth dijo que Bradley actuó dentro de su autoridad. "Tomó la decisión correcta", dijo, y añadió que Bradley "tenía plena autoridad para hacerlo". La Casa Blanca había dicho el lunes 2 de noviembre que Bradley actuó "dentro de su autoridad y de la ley".
Trump ofreció una versión distinta. Dijo que "no sabía nada" de la muerte de personas en el segundo ataque y que "todavía no ha recibido mucha información porque confía en Pete". Ese contraste probablemente marcará las investigaciones del Congreso.
La lancha en el centro de la polémica fue la primera embarcación atacada en la campaña del Gobierno contra el presunto narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que comenzó a principios de septiembre. Según el informe de The Washington Post que desató la última controversia, Hegseth dio una orden verbal de "matar a todos" en la lancha, y un segundo ataque mató después a dos supervivientes aferrados a los restos.
El Gobierno califica la campaña de esfuerzo legal para impedir que las drogas lleguen a Estados Unidos. Los críticos, entre ellos el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dicen que los ataques violan el derecho de los derechos humanos y constituyen ejecuciones extrajudiciales, y la ONU ha pedido que se detengan.
Desde principios de septiembre, los recuentos de los medios estadounidenses sitúan el balance en más de 80 muertos en más de 20 ataques conocidos en el Caribe y el Pacífico oriental.
Hegseth enmarcó su defensa en la "niebla de la guerra", la confusión y la información incompleta del combate. Dijo que no vio supervivientes tras la primera explosión y presentó la decisión de Bradley como un juicio de campo, no como una decisión política tomada en Washington. Si Bradley actuó por su propia autoridad, el Gobierno puede sostener que fue una decisión táctica, no una orden llegada desde arriba.
Sin embargo, los expertos jurídicos dijeron a Associated Press que un segundo ataque contra supervivientes puede violar el derecho en tiempo de paz y el derecho de los conflictos armados, y señalaron que el manual del Pentágono considera patentemente ilegal atacar a supervivientes de un barco hundido. Los investigadores preguntarán qué sabía Bradley y si las personas en el agua seguían siendo una amenaza o ya estaban fuera de combate.
Hegseth no abordó en detalle, en sus comentarios en el gabinete, la supuesta orden verbal de "matar a todos". Su énfasis fue respaldar a Bradley.
"Fue la niebla de la guerra", dijo Hegseth sobre la escena tras el primer ataque, al explicar que no vio supervivientes en el agua. Añadió sobre Bradley: "Tomó la decisión correcta" y "tenía plena autoridad para hacerlo".
Trump se mostró más distante. "No sabía nada" de la muerte de personas en el segundo ataque, dijo, y añadió: "Todavía no he recibido mucha información porque confío en Pete".
Los legisladores han abierto investigaciones, mientras los partidarios dicen que los ataques disuaden a los contrabandistas y los críticos que la disuasión no puede justificar matar a supervivientes.
El segundo ataque importa por tres razones. Primero, la legalidad: si el ataque de seguimiento fue ilegal, debilita la base jurídica de toda la campaña. Segundo, la rendición de cuentas: el público aún carece de un relato oficial completo de quién ordenó qué. Tercero, la confianza: la campaña se desarrolla en gran parte fuera de la vista pública, con vídeos limitados y pocas pruebas sobre cada lancha.
El episodio llega además cuando las elecciones de medio mandato deciden el control del Congreso y, por tanto, el poder de investigar al Pentágono.
Se espera que los investigadores del Congreso pidan testimonios y documentos al Pentágono, incluidas las órdenes, cualquier vídeo y los informes posteriores. El papel de Bradley se examinará de cerca, al igual que si la supuesta orden verbal de Hegseth se transmitió al comandante.
El Gobierno no muestra señales de pausar la campaña, y la defensa de Hegseth sugiere que el Pentágono seguirá defendiendo a cada comandante.
¿Qué fue el segundo ataque a una lancha en el Caribe? Fue un ataque de seguimiento contra la primera presunta lancha de drogas atacada en el Caribe a principios de septiembre. Según los informes, mató a dos supervivientes aferrados a los restos.
¿Qué dijo Hegseth sobre él? Dijo que no vio supervivientes tras la explosión, que no se quedó tras el ataque inicial, y que Bradley "tomó la decisión correcta" y tenía plena autoridad.
¿Qué dijo Trump? Trump dijo que "no sabía nada" de la muerte de personas en el segundo ataque y que aún no había recibido mucha información porque confía en Hegseth.
¿Es legal un segundo ataque contra supervivientes? Los expertos jurídicos dijeron a AP que puede violar el derecho en tiempo de paz y el derecho de los conflictos armados. El Gobierno dice que Bradley actuó dentro de su autoridad y de la ley.
¿Qué ocurre ahora? Los legisladores han abierto investigaciones y se espera que pidan documentos y testimonios al Pentágono, mientras continúa la campaña.
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