
Al menos ocho ciudadanos iraníes subieron a un avión en Mesa, Arizona, en la mañana del domingo 8 de noviembre de 2026, para un vuelo de deportación de iraníes con destino a Irán por vía de Georgia y Pakistán — y luego, sin explicación, el vuelo fue cancelado. Habría sido el primer vuelo en devolver iraníes a Irán desde el inicio de la guerra.
Los ocho ya habían abordado cuando se suspendió la operación, según Ali Rahnama, abogado del Fondo de Defensa Legal Iraní Estadounidense. Seguridad Nacional se negó a explicar la cancelación.
Los ocho volarían a Georgia, luego a Pakistán, donde el gobierno iraní los llevaría a Irán. Antes de la salida, un alto funcionario de la Sección de Intereses de Irán — la oficina iraní en la Embajada de Pakistán — los visitó y les dijo que Teherán los trasladaría a Irán. Entonces la operación se detuvo. Rahnama, que habló con algunos detenidos, dijo que el vuelo se canceló sin explicación tras el abordaje. No estaba claro si los hombres fueron devueltos a detención.
Seguridad Nacional dijo a The Associated Press que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no comenta «operaciones de expulsión prospectivas, incluidos horarios, manifiestos, destinos o detalles de casos». Añadió: «Como se prometió, la administración Trump está empleando todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia». El domingo, el fondo argumentó que la administración podría haber violado la directiva de aviso de la jueza Reyes. Más tarde, el gobierno presentó documentos sellados en el caso.
El vuelo no surgió de la nada. Documentos revelados en la demanda del fondo, de julio de 2026, mostraron que la administración dijo en octubre que planeaba deportar iraníes a Irán, pese a la guerra, vía un tercer país. La demanda alega que el gobierno compartió ilegalmente información confidencial de solicitantes de asilo con Teherán. Tres vuelos a Irán tuvieron lugar entre septiembre de 2025 y enero de 2026, con más de 100 iraníes, pero ninguno desde que comenzó la guerra. La última semana, una docena de detenidos dijeron a sus abogados que les notificaron un vuelo a Pakistán y luego a Irán.
La jueza Reyes no se ha pronunciado sobre la demanda, pero ordenó avisar con 24 horas cualquier plan y con cinco días por escrito antes de una expulsión. La semana pasada, documentos judiciales informaron que advirtió que los deportados podrían enfrentar «una grave amenaza de muerte segura» si son devueltos.
El vuelo de Mesa importa por lo que habría sido: la primera deportación de iraníes en guerra a un país con el que Estados Unidos está en guerra. La ruta — Georgia, Pakistán, Irán — muestra cómo la administración sortea la falta de un canal diplomático directo. Pakistán, sede de la Sección de Intereses de Irán en Washington, es el puente: funcionarios iraníes contactaron a los detenidos, y una docena ha dicho a sus abogados que conocían detalles sensibles de sus solicitudes de asilo. Ese contacto es central en la demanda: el gobierno habría compartido información de asilo con Teherán. El fondo pide detener los vuelos, que «según informes, marcarían la primera deportación de iraníes a Irán desde que comenzó la guerra».
El lado humano es más complicado: al menos una persona del vuelo se ofreció a regresar a Irán tras casi dos años detenido, por desesperación ante un encarcelamiento inhumano.
El fondo ha sido la voz más fuerte contra los vuelos. Su directora ejecutiva, Yasmin Chubin, dijo el domingo que era difícil comprender por qué Estados Unidos deportaría por la fuerza a iraníes, incluidos solicitantes de asilo, a Irán en guerra. Las consecuencias, dijo, «podrían ser irreversibles y las personas podrían enfrentar persecución, tortura o muerte». Rahnama confirmó lo básico: los hombres abordaron y el vuelo se canceló sin razón. La administración no ha dicho nada sobre este vuelo más allá de su negativa a hablar de operaciones prospectivas. El tribunal debe decidir si la operación violó la orden de aviso.
El vuelo cancelado importa por tres razones. Primero, muestra que la administración sigue adelante con deportaciones a Irán en guerra pese a la orden de aviso de una jueza. El plan era real, el avión estaba cargado y solo una decisión de último momento lo detuvo. Segundo, pone a prueba a los tribunales: si la administración puede cargar un avión y cancelarlo sin que el tribunal lo sepa, dice el fondo, el aviso no tiene sentido. Tercero, expone el costo humano: hombres con casi dos años detenidos se ofrecen a regresar a una zona de guerra, mientras otros enfrentan ser entregados a un gobierno con sus datos de asilo.
La pregunta es si el vuelo se intentará de nuevo. La administración no ha dado indicios de abandonar el plan, y la docena de detenidos notificados sigue en detención con órdenes de expulsión. El aviso de cinco días de la jueza Reyes significa que un nuevo intento debería venir con advertencia, pero el fondo dice que esta vez no fue así. Su decisión podría determinar los futuros vuelos. Si hay violación, podría endurecer el aviso o detener las expulsiones; si no, la administración probablemente lo intente de nuevo.
Al menos ocho iraníes subieron a un avión en Mesa, Arizona, el domingo 8 de noviembre, para un vuelo de deportación a Irán vía Georgia y Pakistán. Se canceló sin explicación tras el abordaje.
Ambos países no tienen un canal diplomático directo. Los detenidos volarían a Georgia, luego a Pakistán, donde Irán los llevaría a su territorio.
Sí. Tres vuelos en septiembre de 2025–enero de 2026 llevaron a más de 100 iraníes a Irán, pero ninguno desde que comenzó la guerra el 28 de febrero de 2026.
La jueza Ana C. Reyes ordenó avisar con 24 horas cualquier plan finalizado y con cinco días por escrito antes de una deportación. Aún no se ha pronunciado sobre la demanda.
Aún no se sabe. La administración no ha dicho si fueron devueltos a detención o si el vuelo se reprogramará, y el tribunal estudia si se violó la orden.
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