
Estados Unidos no acudirá a su propio examen de derechos humanos ante las Naciones Unidas este martes y se saltará la revisión de derechos humanos de la ONU en Ginebra por segundo año consecutivo. La decisión ha provocado la condena rápida de los defensores de los derechos: la democracia más poderosa del mundo se niega a rendir cuentas de su historial. La revisión, prevista para el 10 de noviembre de 2026, debía someter el historial del Gobierno de Donald Trump al escrutinio de otros gobiernos, desde la migración hasta la pena de muerte.
Estados Unidos debía someterse a su Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra este martes. En lugar de ello, Washington no estará en la sala: es el segundo año consecutivo que se salta su propio examen, un proceso que incluso los gobiernos acusados de abusos graves respetan. La ausencia obligaría a aplazarla hasta enero, según un borrador de la ONU y diplomáticos.
Catorce países deben participar en el proceso de revisión en Ginebra este mes, y la sesión estadounidense era una de las más seguidas. Los gobiernos habían preparado preguntas sobre el aborto, la pena de muerte, la migración y la discriminación racial, y casi 200 informes de grupos estadounidenses e internacionales abarcaban el trato a los migrantes, el derecho al voto y la actuación policial. Sin delegación estadounidense, ese escrutinio tendrá que esperar.
El Departamento de Estado fue claro: participar implicaría respaldar al consejo, dijo un portavoz, que lo describió como “irredimible” y que “se burla de los derechos humanos”.
El Examen Periódico Universal es el proceso insignia del Consejo de Derechos Humanos. Cada Estado miembro es examinado sobre su historial cada cuatro o cinco años, en sesiones entre pares donde otros gobiernos preguntan y recomiendan. El proceso fue diseñado para ser universal: ningún país está exento.
Esa universalidad es lo que hace tan llamativa la ausencia estadounidense. En el primer mandato de Trump, Estados Unidos presentó su informe y participó. La ruptura llegó cuando Washington se desvinculó del consejo, alegando que señala a Israel y da tribuna a gobiernos con malos historiales. Los críticos recuerdan que el consejo siempre ha incluido Estados acusados de abusos, y que quedarse fuera no cambia sus conclusiones.
La revisión de derechos humanos de la ONU no es un tribunal y no puede imponer sanciones. Funciona mediante la publicidad y la presión entre pares. Antes de cada sesión, el país examinado presenta un informe nacional, la ONU recopila información de órganos de tratados y expertos independientes, y los grupos de la sociedad civil presentan sus propios informes. Otros gobiernos interrogan a la delegación unas tres horas y media, y el consejo emite recomendaciones que el país puede aceptar o anotar.
Para Estados Unidos, el proceso produjo un expediente detallado: casi 200 informes sobre migración, discriminación racial, aborto, pena de muerte y trato a manifestantes. Si un país no comparece, el consejo tiene pocas opciones: lo más probable es un aplazamiento hasta enero, dicen los diplomáticos.
Los grupos de derechos fueron contundentes. Jamil Dakwar, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), dijo en Ginebra: “Hemos visto ataques contra los derechos humanos fundamentales y las libertades civiles sin precedentes en generaciones”. La ACLU presentó informes, y sus representantes viajaron a Ginebra esperando que Estados Unidos respondiera por su historial.
Los activistas quieren que el escrutinio continúe incluso sin Washington. Noor Abdalla, esposa del activista propalestino Mahmoud Khalil, insta al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, a celebrar una sesión informativa sobre Estados Unidos pese a la ausencia, para que las cuestiones de los informes se escuchen en Ginebra aunque el gobierno examinado se niegue a asistir.
El Departamento de Estado no mostró señales de reconsiderar su postura. Su descripción del consejo como organismo “irredimible” refleja una posición mantenida desde la desvinculación del año pasado: participar daría legitimidad a un organismo que considera parcial, en particular contra Israel.
Estados Unidos se presenta como defensor de los derechos humanos y plantea los historiales de rivales como China y Rusia. Saltarse su propia revisión socava esa posición: si Washington rechaza el escrutinio que exige a otros, sus críticas pierden peso y sus adversarios logran una réplica fácil.
La decisión también debilita la propia revisión. El EPU solo funciona porque la participación se considera universal. Si el país más poderoso puede quedarse fuera, otros gobiernos bajo presión podrían hacer lo mismo, y el proceso perdería su autoridad.
La pregunta inmediata es la nueva fecha. Según el borrador de la ONU y los diplomáticos, la revisión se aplazaría hasta enero, cuando el consejo intentaría reprogramar la sesión estadounidense. Que Washington asista entonces es una incógnita: nada sugiere un cambio de postura. Mientras tanto, los activistas presionarán a Volker Turk para una sesión informativa sobre Estados Unidos, y los otros catorce países seguirán adelante según lo previsto, con la silla estadounidense vacía.
¿Qué es el Examen Periódico Universal?
Es la revisión entre pares del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: cada Estado miembro ve examinado su historial por otros gobiernos cada cuatro o cinco años. Los países informan, la sociedad civil aporta y el consejo recomienda.
¿Por qué Estados Unidos se saltó su revisión?
Washington se desvinculó del consejo el año pasado, alegando un sesgo antiisraelí. Un portavoz dijo que participar implicaría respaldarlo, y lo calificó de organismo “irredimible” que “se burla de los derechos humanos”.
¿Se había saltado Estados Unidos su revisión antes?
Sí: es el segundo año consecutivo. En el primer mandato de Trump, en cambio, Estados Unidos presentó su informe y participó.
¿Qué pasa ahora con la revisión?
Los diplomáticos prevén un aplazamiento hasta enero. Los activistas también piden a Volker Turk una sesión informativa sobre Estados Unidos en ausencia de Washington.
¿Tiene la revisión algún poder de ejecución?
No. El EPU no impone sanciones: funciona con publicidad y presión entre pares. Los gobiernos se interrogan en público y las recomendaciones tienen peso político y moral, aunque no sean vinculantes.
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