
La investigación estancada del Departamento de Justicia sobre las pesquisas penales contra el presidente Trump tendrá un nuevo líder, y un enfoque más reducido. Bill Essayli, el principal fiscal federal de Los Ángeles y aliado de Trump, se hará cargo de parte de la investigación como fiscal federal adjunto especial, dijeron a Reuters el jueves 19 de noviembre de 2026 un funcionario del Departamento de Justicia y una segunda fuente. Essayli examinará el registro del FBI en 2022 en Mar-a-Lago y el caso penal que siguió, en el que se acusó al presidente de conservar ilegalmente documentos clasificados.
Reuters informó el jueves del cambio, citando a un funcionario del Departamento de Justicia y a una segunda fuente. El nombramiento da un nuevo rostro a la investigación estancada mientras el departamento enfrenta presión de los partidarios del presidente. Essayli actuará como fiscal federal adjunto especial, una designación que permite a un fiscal en ejercicio asumir trabajo fuera de su propio distrito.
Essayli dirige la Fiscalía Federal del Distrito Central de California, la mayor oficina de fiscales federales fuera de Washington. El nuevo cargo lo coloca en el centro de la pregunta: si las investigaciones contra Trump fueron una actuación legítima o, como sostiene el presidente, un esfuerzo coordinado para destruirlo.
En agosto de 2022, agentes del FBI registraron Mar-a-Lago, el complejo y residencia de Trump en Palm Beach, Florida, y se llevaron cajas de documentos oficiales tras meses de negociaciones con los Archivos Nacionales. Los fiscales acusaron después a Trump de conservar ilegalmente documentos clasificados y de obstruir su recuperación.
El caso nunca llegó a juicio. Fue desestimado por la jueza en 2024 y, tras la victoria de Trump en 2024, el Departamento de Justicia retiró la acusación, conforme a su política de no procesar a un presidente en ejercicio. Pero Trump nunca ha dejado de sostener que el allanamiento y el caso formaban parte de algo mayor: las fuerzas del orden convertidas en armas contra él.
Ese argumento se convirtió en la base de la investigación a la que se suma ahora Essayli. Bajo la segunda administración de Trump, el Departamento de Justicia abrió una pesquisa sobre si Trump fue víctima de una conspiración generalizada de agentes policiales y de inteligencia bajo los presidentes Obama y Biden. Joseph diGenova, abogado y aliado de Trump, dirigió antes ese esfuerzo, pero ha producido pocos avances visibles.
El mandato de Essayli es más reducido que el de la pesquisa original. Examinará el allanamiento del FBI en Mar-a-Lago en 2022 y el caso penal que siguió, en lugar de toda la serie de supuestas conspiraciones que se remontan a las administraciones de Obama y Biden. DiGenova dijo a Reuters que el enfoque más estrecho tiene sentido porque un caso penal sobre los asuntos anteriores podría estar prescrito, fuera del plazo legal para presentar cargos.
El alcance reducido también podría hacer el trabajo más manejable: el caso de documentos es un conjunto concreto de hechos con un rastro documental claro. Lo que se espera que produzca Essayli aún no está claro: remisiones penales, un informe público o una revisión interna sin irregularidades. Además, ya libra una batalla legal sobre su propio nombramiento, después de que una jueza federal dictaminara que ejerce ilegalmente como fiscal federal. Más información aquí: Juez se niega a pausar el fallo que declara ilegal el cargo de Bill Essayli en Los Ángeles.
Joseph diGenova, quien dirigió antes la pesquisa, celebró el enfoque más reducido. Dijo a Reuters que limitar la investigación al caso de documentos tiene sentido, dado que un caso penal sobre asuntos anteriores podría estar prescrito, y que Essayli debería tener más tiempo ahora que las elecciones del 3 de noviembre han terminado.
Ni el Departamento de Justicia ni Essayli han hecho comentarios públicos detallados, y Reuters informó del cambio sobre la base de sus dos fuentes y no de un anuncio oficial. Es probable que las críticas se centren en la elección del investigador: poner a un leal de Trump al frente del examen de las investigaciones contra el propio Trump plantea dudas sobre su independencia.
El nombramiento indica que la administración de Trump no está dispuesta a dejar que esta investigación se apague. Ha sido una de sus promesas emblemáticas a sus partidarios: hacer rendir cuentas a los funcionarios a los que culpa del uso político de la justicia.
También corre el tiempo. Los demócratas tomarán el control de ambas cámaras del Congreso en enero y ya han prometido investigaciones propias, mientras la prescripción planteada por diGenova añade otra presión.
Se espera que Essayli comience a trabajar en las próximas semanas, aunque no se ha anunciado un calendario público. Las primeras señales de avance probablemente serán procedimentales — decisiones de personal, solicitudes de documentos y entrevistas. Cualquier avance hacia remisiones penales solo se haría visible cuando se presenten cargos o se publique un informe.
También habrá que seguir la batalla legal sobre el propio nombramiento de Essayli: si los tribunales confirman el fallo de que ejerce ilegalmente, podría complicar su capacidad para dirigir esta investigación. Trump regresó esta semana de una primera cumbre trilateral con Xi Jinping y Vladímir Putin en Shenzhen, que terminó con una declaración de paz pero sin avances. Lea nuestro informe aquí: Trump, Xi y Putin cierran la primera cumbre trilateral con una declaración de paz.
El principal fiscal federal de Los Ángeles y un aliado de Trump.
Parte de una investigación del Departamento de Justicia sobre las pesquisas contra el presidente Trump, centrada en el registro del FBI en Mar-a-Lago en 2022 y en el caso de documentos clasificados.
Tanto partidarios como detractores han descrito su avance como estancado. Su anterior líder, Joseph diGenova, dijo que el enfoque reducido debería hacerla más viable.
Demasiado pronto para saberlo. DiGenova señaló que un caso sobre los asuntos anteriores podría estar prescrito, una razón por la que la pesquisa se ha reducido al caso de documentos.
Fue desestimado por la jueza en 2024, y el Departamento de Justicia lo retiró tras la victoria de Trump en 2024, conforme a su política de no procesar a un presidente en ejercicio.