
El representante estatal de Alabama Patrick Sellers fue acusado por un gran jurado federal de cuatro cargos de fraude electrónico por un presunto esquema de $240,000 en ayuda por COVID-19, antes de que el demócrata del área de Birmingham asumiera el cargo. La acusación se hizo pública el 19 de noviembre de 2026, tras su arresto. El caso pone a un legislador en ejercicio en el centro de un proceso federal por fraude.
Sellers fue arrestado y la acusación se hizo pública el 19 de noviembre de 2026. Compareció el mismo día, se declaró inocente de los cuatro cargos y quedó en libertad con una fianza no garantizada de $5,000. El FBI investigó el caso, y los fiscales Brett A. Janich y Ryan S. Rummage llevan la acusación por la Fiscalía del Distrito Norte de Alabama.
Los fiscales dicen que el presunto esquema duró unos diez meses, de julio de 2020 a mayo de 2021, cuando los programas de ayuda pagaban subvenciones y préstamos a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Como los pagos se realizaron por vía electrónica entre estados, los cargos son de fraude electrónico, y los fiscales piden la confiscación del dinero. La acusación señala que Sellers mintió en las solicitudes: afirmó operar varias organizaciones con hasta diez empleados, cuando no tenía ninguno, y dijo dirigir un negocio de jardinería, Sellers Lawn Care, con formularios de impuestos falsificados de declaraciones nunca presentadas.
Sellers, de 53 años, es un demócrata que representa el Distrito 57, cerca de Birmingham, desde noviembre de 2022, reelegido recientemente para un segundo mandato. También es pastor de la Iglesia Bautista Misionera Mount Zion en Birmingham y fue jefe de gabinete del presidente de la convención bautista estatal.
La conexión con la convención está en el centro del caso. Los fiscales dicen que Sellers utilizó la convención, Project Zion Inc. y la empresa ficticia de jardinería como vías para las solicitudes de ayuda. En un caso destacado, dicen, Sellers tomó el control de una organización afiliada y solicitó fondos sin avisar al presidente ni a su junta. Después, los verdaderos líderes de la organización benéfica fueron rechazados al solicitar ayuda de forma legítima. Sellers no ha sido condenado; los cargos son acusaciones que los fiscales deben probar.
Los fiscales describen tres vías para el dinero: la propia Convención Bautista Misionera del Estado de Alabama; Project Zion Inc., la organización que Sellers habría tomado sin avisar a los líderes de la convención; y Sellers Lawn Care, un negocio que los fiscales describen como ficticio, respaldado por formularios de impuestos falsificados.
El gasto, dicen los fiscales, fue personal: hipoteca, tarjetas de crédito, préstamos de automóvil, agua y la matrícula universitaria de sus hijas. La ayuda estaba destinada a mantener en funcionamiento a las organizaciones y a pagar a los trabajadores, no a cubrir las facturas del hogar del beneficiario. El caso forma parte de un ajuste de cuentas nacional sobre la ayuda por la pandemia, y destaca porque el acusado es un funcionario electo en ejercicio que también ocupaba un cargo de confianza dentro de una organización eclesiástica.
Los fiscales presentaron el caso como una advertencia. «Bajo la fiscal de los Estados Unidos Williams, tenemos el mandato de perseguir agresivamente a los funcionarios públicos corruptos, sin importar el cargo que ocupen ni el poder que ejerzan», dijo el fiscal federal adjunto Brett A. Janich.
Sellers se declaró inocente, y su libertad con fianza no garantizada significa que el tribunal no lo consideró un riesgo de fuga ni un peligro. Una declaración de inocencia preserva todas sus defensas. No se ha anunciado fecha de juicio. Por ahora, la acusación es una imputación, no una conclusión de culpabilidad.
El caso importa por dos razones. Primero, involucra a un legislador en ejercicio acusado de robar dinero de ayuda por la pandemia, cuando muchas empresas y organizaciones de Alabama luchaban por sobrevivir. Un cargo de fraude contra un funcionario afecta directamente la confianza de los votantes.
Segundo, la presunta víctima no es solo el contribuyente: los fiscales dicen que una verdadera organización benéfica perdió la ayuda porque Sellers ya la había tomado en su nombre. Si se prueban las acusaciones, el daño va más allá de los $240,000 y alcanza a la congregación y a las comunidades que servía.
Sellers volverá al tribunal federal a medida que avance hacia el juicio, con los fiscales Janich y Rummage al frente del caso. Cada cargo conlleva un máximo de 20 años de prisión federal, por lo que Sellers enfrenta hasta 80 años si es condenado por todos los cargos, aunque las sentencias suelen estar muy por debajo del máximo. Los fiscales también buscan la confiscación de los fondos.
El caso también pondrá a prueba el futuro político de Sellers: fue reelegido recientemente para un segundo mandato, y una acusación federal contra un miembro en ejercicio es un asunto serio para la legislatura. Por ahora, sigue en la Cámara mientras el caso está pendiente y se le presume inocente a menos que los fiscales prueben los cargos. Texas ejecutó esta semana a un reo en otro caso penal muy seguido, mientras que un juez federal de Florida permitió que avanzara una importante demanda por difamación.
Patrick Lorn Sellers, de 53 años, es un demócrata de la Cámara de Alabama por el Distrito 57, cerca de Birmingham, desde noviembre de 2022, y pastor de la Iglesia Bautista Misionera Mount Zion en Birmingham.
Los fiscales dicen que obtuvo de forma fraudulenta más de $240,000 en ayuda por COVID-19 entre julio de 2020 y mayo de 2021, a través de una convención de iglesias, una organización sin fines de lucro y una empresa ficticia, y lo gastó en costos personales.
Se declaró inocente el 19 de noviembre de 2026 y quedó en libertad con una fianza no garantizada de $5,000.
Cada cargo conlleva hasta 20 años de prisión federal. Los fiscales también buscan la confiscación del dinero.
No. Es una imputación, y se le presume inocente a menos que los fiscales prueben los cargos.