
Una jueza federal de Rhode Island dictaminó el viernes 20 de noviembre de 2026 que el gobierno de Trump reformó de forma ilegal el programa nacional de 4.000 millones para personas sin hogar y bloqueó desviar el dinero federal de la vivienda permanente a refugios temporales y servicios. La jueza de distrito Mary McElroy concluyó que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) excedió su autoridad bajo la Ley McKinney-Vento al reescribir las reglas del programa Continuum of Care, la principal fuente federal para los servicios locales de sinhogarismo. El fallo detiene un cambio de 1.300 millones y ordena al HUD permitir que los solicitantes revisen sus solicitudes y adjudicar el dinero antes de fin de año.
La jueza McElroy, en Providence, Rhode Island, dictaminó que el HUD fue más allá del poder que le dio el Congreso al remodelar el concurso del programa para el año fiscal 2026. El programa distribuye más de 4.000 millones de dólares al año a grupos locales y premia los proyectos de vivienda permanente según sus resultados. Los nuevos criterios, concluyó, permitían al HUD eludir esas obligaciones y redirigir el dinero.
La decisión bloquea el eje de la reforma: reservar 1.300 millones del año fiscal 2026 para viviendas transitorias y subvenciones solo de servicios. McElroy también anuló dos condiciones: la prohibición de ayudar a consumidores de drogas, incluidos los intercambios de agujas, y la norma que permitía descalificar a solicitantes que no promovieran la «autosuficiencia». Las solicitudes pueden modificarse hasta el 1 de diciembre, con las adjudicaciones antes del 31 de diciembre.
El programa Continuum of Care es la mayor fuente federal de financiación para los servicios locales de sinhogarismo. El Congreso asignó más de 4.000 millones de dólares para el año fiscal 2026 a organizaciones sin fines de lucro, gobiernos locales y agencias de vivienda. El concurso sigue la idea de «la vivienda primero»: la forma más rápida de acabar con el sinhogarismo es una vivienda estable y permanente, con servicios de apoyo, en lugar de exigir pasar por refugios y tratamientos.
La reforma de Trump empujó en sentido contrario, hacia viviendas temporales y servicios, alejándolo de la vivienda permanente. Sus partidarios dicen que los programas transitorios, el tratamiento y las normas de trabajo hacen más contra la adicción y por la autosuficiencia. Sus críticos, incluidos los estados y grupos que demandaron, dicen que la evidencia favorece la vivienda permanente y que los recortes dejarían a más gente en la calle más tiempo. McElroy ya bloqueó al gobierno en financiación para el sinhogarismo en 2025 y a principios de este año, pero un tribunal de apelaciones levantó esos bloqueos.
En el centro del fallo está la Ley McKinney-Vento, que creó el sistema federal moderno de sinhogarismo. McElroy concluyó que exige evaluar los proyectos por su rendimiento y trasladar a las personas a viviendas permanentes, y que el HUD no podía añadir criterios para ignorar esas obligaciones. Al favorecer las viviendas transitorias y las subvenciones solo de servicios, concluyó, el HUD excedió la autoridad que le dio el Congreso.
Las cifras muestran la magnitud: de los más de 4.000 millones asignados para el año fiscal 2026, el HUD planeaba reservar 1.300 millones, cerca de un tercio, para viviendas transitorias y subvenciones solo de servicios. El fallo lo mantiene en el concurso ordinario. Las dos condiciones muestran la amplitud de la reforma: la restricción sobre consumidores de drogas habría obligado a los proveedores a elegir entre el dinero federal y la reducción de daños, mientras que la norma de «autosuficiencia» habría permitido descalificar a solicitantes con un criterio amplio y poco definido.
La impugnación la presentaron 22 estados mayoritariamente demócratas, el Distrito de Columbia y una coalición que incluye a la Alianza Nacional para Acabar con el Sinhogarismo. Argumentaron que violaba la ley y recortaría la financiación de vivienda permanente de sus comunidades. El HUD no respondió a una solicitud de comentarios ni ha dicho si apelará.
El fallo decide cómo se gastarán más de 4.000 millones de dólares de dinero federal para el sinhogarismo este año. Un cambio de 1.300 millones habría remodelado los servicios en todo el país: los proveedores de vivienda permanente se enfrentaban a recortes profundos y los programas transitorios habrían ganado. También limita hasta dónde puede llegar un gobierno al remodelar un programa de subvenciones sin el Congreso: la jueza sostuvo que la Ley McKinney-Vento fija las prioridades y el HUD no puede reescribirlas con las reglas del concurso.
El HUD debe permitir ahora que los solicitantes revisen y vuelvan a presentar sus solicitudes hasta el 1 de diciembre y adjudicar la financiación antes del 31 de diciembre. Los proveedores que remodelaron sus ofertas pueden volver a centrarse en la vivienda permanente. Una apelación es el paso más probable del gobierno y se tramitaría rápido, ya que los bloqueos anteriores de la jueza fueron levantados en apelación, por lo que la victoria de los estados aún no es definitiva.
¿Qué dictaminó la jueza McElroy?
Dictaminó que el gobierno de Trump reformó de forma ilegal el programa Continuum of Care, de 4.000 millones, y bloqueó su desvío de 1.300 millones hacia viviendas transitorias y subvenciones solo de servicios.
¿Por qué fue ilegal la reforma?
La jueza concluyó que el HUD excedió su autoridad bajo la Ley McKinney-Vento al añadir criterios que eludían evaluar los proyectos por su rendimiento y trasladar a las personas a viviendas permanentes.
¿Qué pasa con los 1.300 millones de dólares?
Permanecen en el concurso ordinario, donde los proyectos de vivienda permanente pueden competir por ellos, en lugar de reservarse para viviendas transitorias y subvenciones solo de servicios.
¿Cuál es el plazo para las solicitudes?
El HUD debe permitir que los solicitantes modifiquen y reenvíen sus solicitudes hasta el 1 de diciembre de 2026 y adjudicar la financiación antes del 31 de diciembre de 2026.
¿Quién presentó la demanda?
Veintidós estados mayoritariamente demócratas, el Distrito de Columbia y la Alianza Nacional para Acabar con el Sinhogarismo impugnaron la reforma.
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