
WASHINGTON — El Departamento de Justicia ha perdido más de 1.300 fiscales federales y ha reemplazado solo a unos 470, según una investigación de ProPublica publicada esta semana, y muchos de los sustitutos son abogados recién salidos de la facultad de Derecho. El éxodo es la mayor pérdida de fiscales dos años después del inicio de un mandato presidencial en al menos dos décadas, y ya está cambiando qué casos lleva el Gobierno y cuáles abandona.
La investigación se basa en datos de los tribunales federales, registros laborales y de los colegios de abogados estatales, redes sociales y entrevistas con más de dos docenas de exfiscales federales adjuntos. Más de la mitad de quienes se marcharon en los primeros 18 meses del segundo mandato del presidente Donald Trump tenía al menos nueve años de experiencia legal y un promedio de más de 13 años en el Gobierno. Para cubrir el hueco, el departamento está acelerando la contratación de abogados sin experiencia.
El departamento tenía unos 6.200 fiscales en enero de 2025. En agosto de 2026 tenía unos 5.600, todavía un 10% menos que al final del gobierno de Biden. La brecha es el núcleo del hallazgo de ProPublica: el departamento está reduciendo su cuerpo de fiscales mientras cambia quiénes son esos fiscales.
Las salidas alcanzaron su punto máximo con casi 500 en el segundo trimestre de 2025. Quienes se marcharon eran, en su gran mayoría, la memoria institucional del departamento: abogados que sabían cómo llevar un juicio complejo por fraude y distinguir un caso débil de uno sólido.
Los reemplazos son muy distintos. Uno de ellos es Preston Bigley, de 29 años, contratado en agosto de 2026 antes de aprobar el examen y ahora fiscal en el Distrito Oeste de Texas. Antes del segundo mandato de Trump, el departamento exigía normalmente de tres a cinco años de experiencia a los nuevos fiscales. A principios de este año eliminó una norma que exigía al menos un año.
Los fiscales federales adjuntos son los fiscales de trabajo del sistema federal. Forman parte de las 94 fiscalías federales de todo el país, deciden qué casos acusar, negocian acuerdos de culpabilidad y litigan en los tribunales federales, desde el tráfico de drogas hasta el fraude financiero.
Durante décadas el puesto conllevaba un mínimo de tres a cinco años de práctica, una regla que reflejaba la realidad del trabajo: un fiscal nuevo puede recibir decenas de casos a las pocas semanas de llegar. Eliminar el mínimo de un año, como hizo el departamento a principios de este año, quitó la última barrera formal para contratar abogados recién salidos de la facultad.
El cambio no es un accidente del mercado laboral. Las 1.300 salidas representan más de una quinta parte del cuerpo inicial, y reemplazar solo a unos 470 significa que las oficinas que quedan son más reducidas, más jóvenes y menos experimentadas. Un fiscal con 13 años de servicio suele haber llevado decenas de juicios; un abogado que aprobó el examen hace menos de un año está aprendiendo en casos reales, con acusados y víctimas reales.
Los exfiscales entrevistados por ProPublica describieron el riesgo con claridad: los abogados sin experiencia tienen más probabilidades de pasar por alto pruebas exculpatorias y de cometer errores que cuestan al Gobierno casos que debería haber ganado. El departamento no respondió a las preguntas de ProPublica.
El silencio del Departamento de Justicia es en sí mismo parte de la historia. ProPublica informó de que el departamento no respondió a sus preguntas, sin ofrecer explicación sobre la magnitud de las salidas, sin defender la decisión de eliminar los requisitos de experiencia.
Más de dos docenas de exfiscales federales adjuntos hablaron con la investigación, y el panorama fue coherente: un departamento que pierde a las personas que sabían cómo funcionaban sus casos más difíciles. Las consecuencias ya se pueden medir en los propios datos de casos del Gobierno.
Los procesos federales moldean la seguridad pública, la economía y el Estado de derecho. Los procesos por fraude protegen a inversores, contribuyentes y consumidores. Cuando esos casos caen —el fraude bajó un 66% en el Distrito Oeste de Virginia, un 14% en el Distrito Sur de Florida y un 31% en Maryland, con los casos de drogas cerca de un 10% menos en todo el país y casi un 16% menos en Maryland—, nadie más cubre el hueco. Los casos simplemente no ocurren.
Al mismo tiempo, los casos de inmigración subieron casi un 50% en todo el país, y en Maryland los cargos por inmigración casi se duplicaron. El departamento no está haciendo menos en general. Está haciendo un trabajo distinto: más casos rápidos y en volumen, menos investigaciones que requieren meses de trabajo paciente.
La pregunta inmediata es si el departamento puede estabilizar su plantilla. Con unos 5.600 fiscales en agosto de 2026, sigue un 10% por debajo del final del gobierno de Biden, y la supervisión es el tema crítico: los fiscales jóvenes necesitan mentores veteranos, y los mentores son quienes se marcharon.
Más de 1.300 se marcharon hasta enero de 2026, y solo unos 470 fueron reemplazados. El departamento pasó de unos 6.200 fiscales a unos 5.600.
Muchos son abogados recién salidos de la facultad: más de 50 nuevos fiscales con menos de tres años de experiencia, unos 20 de los cuales aprobaron el examen en el último año.
Los casos de inmigración subieron casi un 50%, mientras los procesos por fraude cayeron un 66% en Virginia y un 14% en Florida, y los de drogas cerca de un 10%. En Maryland, el fraude cayó un 31% y las drogas casi un 16%.
Antes del segundo mandato de Trump, el departamento exigía normalmente de tres a cinco años de experiencia. A principios de este año eliminó una norma que exigía al menos un año.
Cobertura relacionada: Los fiscales de Seattle dejan de defender muchos casos de detención de ICE, El DOJ revisará la compra de Instacart por DoorDash por 17.000 millones y El DOJ cierra la investigación sobre la fusión de Nextera y Dominion de 66.800 millones.