Un tribunal federal de apelaciones rechazó el viernes el intento de la administración Trump de obligar a California a apartar las boletas por correo de más de 20.000 votantes registrados, propinando al Departamento de Justicia su segunda derrota judicial en tres días en una disputa que aún podría llegar al Tribunal Supremo antes de las elecciones de medio término del martes. El fallo de boletas de California, emitido por un panel de tres jueces del Noveno Circuito en San Francisco, advirtió que bloquear esas boletas mientras el caso sigue su curso podría privar del voto a votantes legítimos y sumir el escrutinio californiano en el caos.
La decisión 2-1 mantiene las boletas en disputa dentro del conteo por ahora. No pone fin a la demanda, en la que el Departamento de Justicia sostiene que los votantes de su lista probablemente no son ciudadanos. Pero con las elecciones del 3 de noviembre a pocos días, el fallo elimina la amenaza más inmediata sobre esas boletas y abre la puerta a una posible apelación de emergencia ante el Tribunal Supremo, donde la administración podría pedir la intervención de los jueces antes del día de las elecciones.
El Departamento de Justicia pidió al tribunal de apelaciones que ordenara a California separar las boletas por correo de cualquier persona incluida en su lista de presuntos no ciudadanos y mantenerlas sin contar hasta verificar su ciudadanía. El departamento presentó su demanda contra el estado el 15 de octubre y había pedido al tribunal de apelaciones que fallara antes del viernes 30 de octubre, después de que el juez de distrito David O. Carter se negara a conceder una orden de restricción temporal a principios de semana.
El panel se negó. En su orden, la mayoría sostuvo que la medida solicitada por el gobierno "podría causar dificultades inmensas a los demandados y dañar el interés público al arriesgar la privación del voto de votantes elegibles y poner en peligro todo el proceso de tabulación". Los jueces señalaron la conclusión de Carter de que la lista de presuntos no ciudadanos de la administración podría no ser totalmente fiable, un punto que California ha subrayado durante todo el caso.
El Departamento de Justicia no ha dicho cuántas de las más de 20.000 personas de su lista han presentado realmente una boleta en esta elección. Las autoridades de California han argumentado que las afirmaciones del gobierno se basaron en "datos sospechosos" y que cumplir sus exigencias podría privar de su voto a votantes legítimos. El departamento no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fallo del viernes, según el reporte de la decisión.
La disputa de California es el frente más visible de una campaña más amplia de la administración para identificar a posibles no ciudadanos en los padrones estatales. La ley federal ya prohíbe que los no ciudadanos voten en elecciones federales, y la ley de California hace lo mismo. Las autoridades estatales afirman que sus salvaguardas son sólidas, y los investigadores y administradores electorales de todo el país han concluido desde hace tiempo que los casos documentados de voto de no ciudadanos son extremadamente raros.
Esa historia marcó el proceso en el tribunal de primera instancia. En una audiencia de tres horas el 27 de octubre, Carter presionó al abogado del gobierno para que citara un precedente legal que respaldara el pedido y le dijo al departamento, en términos directos, que ya tenía un remedio si creía que se habían cometido delitos: presentar acusaciones. En su orden de 26 páginas del 28 de octubre, escribió que el pedido era producto de la propia demora del gobierno, que probablemente carecía de legitimación y de una causa válida, y que la medida en sí probablemente violaría las leyes federales de votación.
"Nunca antes en la historia de Estados Unidos el gobierno federal, en vísperas de una elección, ha buscado coaccionar a un gobierno estatal y local para que abandone sus propios procedimientos electorales constitucionales y se someta a la voluntad del Poder Ejecutivo", escribió Carter. Enmarcó su decisión como una protección tanto del derecho al voto como del papel de los estados en la administración de las elecciones federales, un papel que la Constitución asigna a los estados.
El mismo panel de tres jueces del tribunal de apelaciones ya había fallado una vez contra el departamento en este caso, al votar 2-1 para rechazar su intento de saltarse a Carter y llevar el caso directamente, después de que el gobierno argumentara que el juez de distrito no avanzaba con suficiente rapidez. La mayoría rechazó ese argumento y culpó al gobierno por el ajustado calendario que él mismo había creado al presentar la demanda semanas antes de la elección.
Poco después de presentada la demanda contra California, agentes federales en todo el estado arrestaron a 11 no ciudadanos acusados de delitos que incluyen registrarse fraudulentamente para votar, y más de una docena de personas más fueron acusadas, en un operativo que el gobierno dijo que respaldaba su caso contra el estado más poblado del país.
La opinión mayoritaria, suscrita por Bennett y Sanchez, se centró en el estándar para conceder una medida de emergencia en medio de una elección. Los tribunales son reacios a cambiar las reglas de votación mientras se emiten y cuentan las boletas, y el panel sostuvo que el Departamento de Justicia no superó ese alto umbral. "Existe un riesgo material de que conceder la medida solicitada por Estados Unidos resulte en privación del voto", escribieron Bennett y Sanchez.
La disidencia vio el caso de manera muy distinta. Bumatay argumentó que separar las boletas no cancelaría el voto de nadie, sino que simplemente preservaría la situación mientras se verificaban las cuestiones de ciudadanía. "El gobierno federal propone un remedio modesto: impedir que California mezcle las boletas de ciudadanos y de presuntos no ciudadanos", escribió. "California decidió hace mucho tiempo que los extranjeros no pueden votar en sus elecciones. Hoy, el gobierno federal simplemente busca salvaguardar esa decisión. Deberíamos haberle permitido intentarlo."
La composición del fallo es notable. Bennett fue nombrado por Trump durante su primer mandato, y su voto junto a Sanchez, nombrado por Biden, contra el pedido de la administración desmiente cualquier idea de que el fallo respondiera a simples líneas partidistas. Bumatay, también nombrado por Trump en su primer mandato, fue el único disidente.
El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró la decisión en un comunicado que también cuestionó las afirmaciones más amplias de la administración sobre fraude electoral. "La ley de California hace ilegal que los no ciudadanos voten en elecciones federales, y existen varias leyes estatales que lo resguardan. Por eso es excepcionalmente raro", dijo Bonta. "Las afirmaciones infundadas de la administración sobre un fraude generalizado son un intento de sembrar dudas sobre nuestro proceso democrático y ponen en riesgo privar del voto a votantes elegibles."
La administración, por su parte, ha argumentado que su esfuerzo es necesario para evitar que los votos de los ciudadanos se diluyan con boletas emitidas ilegalmente, una posición que los funcionarios federales han repetido mientras presionan con demandas similares en otros estados. El Departamento de Justicia no se ha pronunciado públicamente sobre el fallo del viernes.
Los defensores del derecho al voto han advertido durante meses que el método de la administración para identificar a presuntos no ciudadanos se basa en datos desactualizados y podría incluir a inmigrantes que desde entonces se han naturalizado. Esas preocupaciones se reflejaron en el énfasis de los tribunales en la fiabilidad de la lista del gobierno, que el panel de apelaciones citó a través de las conclusiones de Carter.
No se dispuso de citas directas de los jueces más allá de sus opiniones escritas en los reportes del fallo, y el panel emitió su decisión como una orden y no como una opinión publicada completa. Por ello, esta sección recoge las opiniones escritas y las declaraciones públicas de las partes, en lugar de inventar comentarios de sala.
Lo que está en juego va más allá de una simple lista de nombres. California tiene 52 escaños en la Cámara de Representantes, más que ningún otro estado, y el control del Congreso depende de los resultados del martes, con los republicanos luchando por retener sus mayorías en ambas cámaras. Un fallo que dejara sin contar 20.000 boletas, aunque fuera temporalmente, podría haber alimentado disputas sobre contiendas reñidas a la Cámara en el estado más grande del país y dado a ambos partidos nuevo material para litigios posteriores a la elección.
La decisión también importa como prueba de hasta dónde permitirán los tribunales que el gobierno federal llegue en la supervisión de elecciones administradas por los estados. La Constitución otorga a los estados el papel principal en la administración de las elecciones federales, y el fallo de Carter se apoyó fuertemente en ese principio. Si el Tribunal Supremo acepta el caso, su respuesta podría definir no solo el conteo de California, sino también las demandas paralelas de la administración en otros estados, incluido Washington, donde los fiscales federales pidieron esta semana a las autoridades electorales que segregaran las boletas de más de 400 personas que, según dicen, parecen estar registradas ilegalmente.
Para los votantes de la lista, el fallo significa que sus boletas permanecen en el conteo mientras la demanda continúa. Para las autoridades electorales, elimina la perspectiva inmediata de rehacer los procedimientos de tabulación días antes del cierre de las urnas, una perturbación que ambos tribunales advirtieron que podría socavar por sí misma la confianza en el resultado.
Tres vías convergen ahora hacia el día de las elecciones. En primer lugar, el Departamento de Justicia podría solicitar una medida de emergencia ante el Tribunal Supremo, al que se pediría decidir, en un calendario comprimido, si bloquea el conteo de las boletas en disputa en California mientras el caso sigue su curso. Los reportes del fallo del viernes describieron ese enfrentamiento como una posibilidad real, aunque el departamento no ha anunciado su próximo paso.
En segundo lugar, un caso separado presentado por grupos demócratas nacionales, incluidos los comités de campaña demócratas del Senado y la Cámara, llega a un punto decisivo el lunes 2 de noviembre, el día antes de la elección. El juez de ese caso ha dicho que fallará entonces sobre el pedido de los demócratas de bloquear temporalmente el esfuerzo de segregación de boletas en todo el país. Los demócratas argumentan que las listas del gobierno se basan en datos "deficientes" y constituyen una injerencia en las elecciones.
En tercer lugar, la demanda subyacente de California continúa en el tribunal de distrito, donde eventualmente se pondrán a prueba los méritos de las afirmaciones del gobierno sobre la lista de votantes. Pase lo que pase en las apelaciones de emergencia, ese caso determinará si la administración puede probar que las personas señaladas estaban, en efecto, registradas de forma ilegal.
Mientras tanto, el conteo de California avanza bajo las reglas que los tribunales ya se han negado dos veces a cambiar. Si alguna de las contiendas afectadas por las boletas en disputa resulta reñida, el litigio podría regresar en una nueva forma después del escrutinio.
Por 2-1, el tribunal denegó la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia que habría obligado a California a apartar las boletas por correo de más de 20.000 votantes que el gobierno afirma que probablemente no son ciudadanos hasta verificar su ciudadanía.
Por ahora, sí. El fallo mantiene las boletas en el conteo mientras la demanda subyacente continúa. El Departamento de Justicia aún podría solicitar una medida de emergencia ante el Tribunal Supremo antes o después del día de las elecciones.
Los jueces Mark Bennett y Gabriel P. Sanchez formaron la mayoría. Bennett fue nombrado por el presidente Donald Trump y Sanchez por el expresidente Joe Biden. El juez Patrick Bumatay, también nombrado por Trump, disintió.
El 28 de octubre, el juez de distrito David O. Carter denegó la solicitud del gobierno de una orden de restricción temporal, al escribir que causaría "estragos" en la elección y podría privar del voto a miles de votantes registrados legalmente.
La lista del gobierno abarca a más de 20.000 votantes registrados que, según alega, podrían no ser ciudadanos. El Departamento de Justicia no ha dicho cuántos de ellos han presentado realmente una boleta en esta elección.
Cobertura relacionada: Apelación de boletas de California: el DOJ pide un fallo el viernes sobre 20.000 votos; Fallo sobre boletas de California: juez rechaza pedido del DOJ de apartar 20.000 votos; Jueza bloquea la campaña de presión del DOJ contra funcionarios electorales. Fuentes: reportes de Reuters sobre el fallo del 30 de octubre; reportes de Bloomberg sobre la decisión del Noveno Circuito; cobertura previa de US News Pulse sobre el fallo de Carter y la apelación del DOJ.
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