
Al menos 19 agentes recién contratados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llegaron a la agencia con antecedentes documentados de mala conducta, cargos penales, incidentes de uso de la fuerza o demandas que terminaron en acuerdos económicos, según una investigación del Washington Post publicada el martes. Los hallazgos plantean nuevas preguntas sobre cómo la administración Trump verificó a los miles de agentes incorporados con prisa este año, y qué ocurre cuando quienes portan un arma y una placa ya habían sido señalados como un riesgo.
El Washington Post publicó sus hallazgos el martes 10 de noviembre, tras comparar los registros filtrados con expedientes judiciales e historiales laborales. Revisó a unos 300 de los aproximadamente 1.500 agentes de ICE contratados en el segundo mandato de Trump. La revisión encontró al menos 19 cuyos pasados levantaban advertencias claras. Seis habían sido despedidos, despojados de su certificación o empujados a renunciar por empleadores anteriores. Cinco tenían antecedentes de uso de la fuerza. Cinco más habían sido nombrados en demandas que terminaron en acuerdos. Al menos dos habían estado involucrados en tiroteos en los últimos meses. Uno de esos tiroteos ocurrió en Biddeford, Maine, el 13 de julio, cuando Johan Sebastián Durán Guerrero, un padre colombiano de 25 años, murió. El Post describió un patrón: personas que ya habían perdido empleos policiales, o pagado acuerdos por su conducta, recibieron aun así placas y armas federales. ICE ha despedido desde entonces a algunos reclutas tras descubrir tardíamente problemas: la verificación pasó por alto advertencias que ya constaban en el registro público.
La campaña de contratación detrás de los hallazgos fue una de las más rápidas en la historia de la agencia. Tras el regreso de Trump al cargo, el Departamento de Seguridad Nacional llamó a los estadounidenses a “defender la patria” y ofreció bonos de hasta 50.000 dólares a los nuevos agentes. Para enero, dijo que había incorporado a 12.000 agentes, parte de una expansión mayor financiada por el Congreso. La velocidad de esa expansión es ahora la pregunta central: contratar a 12.000 agentes en pocos meses deja poco tiempo para las verificaciones que normalmente descartan a candidatos problemáticos, y los hallazgos sugieren que algunas fallaron. Los registros llegaron al periódico solo por un hackeo: a finales de octubre, activistas entraron en una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional y publicaron datos de miles de trabajadores, la filtración “Icepick”, que cubría a unos 1.500 agentes de ICE. Lo que hizo después el Post fue diferente: verificó esos nombres, uno por uno, en el registro público.
Los 19 reclutas no fueron señalados por faltas menores. Las categorías del periódico fueron las que más importan para agentes federales armados: despedidos de empleos anteriores, despojados de su certificación policial, con antecedentes de uso de la fuerza y demandados por su conducta en casos que terminaron en acuerdos. Una queja antigua aislada podría explicarse, pero un despido, una certificación perdida o un acuerdo es un juicio documentado que una contratación debe detectar. Que algunos fueran contratados de todos modos, y que ICE haya despedido a algunos tras descubrir los problemas, apunta a una verificación demasiado rápida. El Post solo revisó a unos 300 de los 1.500 nuevos agentes, así que los 19 podrían no ser el total.
El exinspector general del Departamento de Seguridad Nacional John Roth fue uno de los tres expertos que revisaron los hallazgos. “Esta es una lista bastante mala de conducta”, dijo Roth. “No tienen nada que hacer con un arma y una placa en la fuerza laboral federal”. El exjefe laboral de ICE Peter Mina dijo que las demandas contra los solicitantes deberían, como mínimo, ser “señaladas a ICE y revisadas” antes de contratar a nadie. El problema, dijeron ambos, no es solo que se contratara a reclutas problemáticos, sino que las advertencias ya estaban documentadas. Los hallazgos también llegan en plena lucha política sobre la agencia.
Los agentes de inmigración portan armas, arrestan y usan la fuerza en hogares, trabajos y calles de todo el país. El público confía en que ejerzan ese poder conforme a la ley, y esa confianza depende de que las personas que lo detentan hayan sido debidamente verificadas. Cuando se contrata a agentes con mala conducta documentada, cada arresto y cada uso de la fuerza quedan bajo una sombra de duda. El tiroteo de Maine muestra que lo que está en juego no es abstracto. La verificación no es papeleo: es la primera línea de protección del público y de la propia agencia.
Es probable que los hallazgos generen preguntas en el Congreso, donde los demócratas ya presionan a la administración sobre inmigración. Los legisladores podrían preguntar cuántos de los 19 siguen en servicio, qué sabía ICE al contratarlos y si la verificación ha cambiado. El departamento también podría enfrentar presión para verificar a los aproximadamente 1.200 nuevos agentes restantes. Por ahora, los 19 casos dirán si la velocidad o los estándares definirán la mayor expansión de la aplicación de la ley de inmigración en una generación.
¿Cuántos reclutas de ICE tenían señales de alerta?
Al menos 19 de los aproximadamente 300 nuevos agentes que revisó el Post.
¿Qué tipo de mala conducta se encontró?
Despidos, certificaciones perdidas, uso de la fuerza, cargos penales y demandas que terminaron en acuerdos.
¿Cómo obtuvo el Post los registros?
De la filtración “Icepick”, una base de datos hackeada del Departamento de Seguridad Nacional publicada por activistas a finales de octubre.
¿Qué ocurrió en el tiroteo de Maine?
El 13 de julio en Biddeford, Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, murió en un tiroteo en el que estuvo involucrado un recluta.
¿Ha despedido ICE a alguno de los reclutas?
Sí: ICE ha despedido a algunos reclutas tras descubrir tardíamente problemas.
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