Una jueza federal de Washington cuestionó con dureza el caso del Gobierno de Trump para un arco triunfal de 250 pies el viernes 30 de octubre de 2026, al rechazar el argumento de que el monumento es necesario para la seguridad nacional y preguntar por qué la construcción debe comenzar tan pronto como la próxima semana. La jueza de distrito Tanya Chutkan, que escuchó el pedido de veteranos de la guerra de Vietnam para bloquear el proyecto, dijo que decidiría "con prontitud", una resolución que podría llegar apenas días antes de que los planificadores consideren la aprobación final el 5 de noviembre.
El arco de Trump de 250 pies, una estructura blanca de triunfo inspirada en el Arco del Triunfo de París, se levantaría en una rotonda entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington. El Gobierno afirma que las obras podrían comenzar el 5 de noviembre si la Comisión de Planificación de la Capital Nacional otorga ese día la aprobación final. Los veteranos que demandan para detenerlo sostienen que el proyecto carece de autorización del Congreso y dañaría la vista entre dos de los lugares más sagrados de Estados Unidos.
La audiencia ante la jueza Chutkan fue la primera gran prueba judicial del proyecto del arco, y giró rápidamente en torno a la justificación cambiante del Gobierno. El presidente Donald Trump no mencionó la seguridad nacional cuando anunció por primera vez los planes del arco. Más tarde, en una publicación en Truth Social, dijo que incluiría un "complejo militar de primer nivel" capaz de albergar drones y francotiradores. En la audiencia, el Departamento de Justicia se apoyó en declaraciones juradas del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que describían el arco como una "oportunidad generacional para la defensa nacional".
Chutkan se mostró escéptica. "No hace que el uso de la seguridad nacional sea talismánico en este caso", dijo. "Es la primera vez que el Gobierno presenta un aspecto de seguridad nacional en este caso". Señaló que el presidente también había invocado la seguridad nacional al presentar ante el Tribunal Supremo el caso de la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, y presionó al abogado del Gobierno sobre la lógica del argumento. El arco, observó, no estaría terminado hasta dentro de unos tres años, lo que plantea la pregunta de cómo podría disuadir amenazas mientras tanto. "¿Se supone que el arco va a disuadir intentos de asesinato contra el presidente? Va a estar terminado dentro de 3 años", dijo, según los reportes de la audiencia.
Robert Stander, abogado del Departamento de Justicia, dijo al tribunal que el arco es un "proyecto de alta prioridad" para el Gobierno. Argumentó que los demandantes carecen de legitimación porque los planes no quedarán finalizados hasta la reunión de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional de la próxima semana. Chutkan devolvió ese argumento al Gobierno y señaló que, según su propio razonamiento, los demandantes tendrían solo un día para presentar una demanda una vez que llegue la aprobación. "¿Cuál sería la acción final de la agencia", preguntó, "¿cuando las excavadoras empiecen a cavar el terreno?"
Varios de los veteranos hablaron en la audiencia. Chutkan dijo a los demandantes que no le interesaba ningún "desagrado y repugnancia contra el Gobierno", sino cómo sus experiencias personales se verían afectadas por el arco proyectado. Pareció receptiva al argumento de que ellos tenían más en juego que el demandante del caso del salón de baile, que alegó preocupaciones estéticas: los veteranos participan activamente en el Cementerio Nacional de Arlington, y la construcción del arco aún no ha comenzado.
El arco se propuso originalmente como un monumento para el 250 aniversario del país, una celebración de la independencia estadounidense que ha dado forma a una serie de proyectos presidenciales en la capital. Con 250 pies, unos 76 metros, se alzaría sobre la rotonda en el extremo occidental del eje del National Mall, en la ruta entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, lugar de descanso final de cientos de miles de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses.
El proceso de planificación ha avanzado con rapidez. La Comisión de Planificación de la Capital Nacional aprobó los planes preliminares en julio de 2026 y pidió más información antes de la revisión final. Su página del proyecto fija el 5 de noviembre para considerar los planes finales, sin que se haya registrado aún ninguna decisión. El Departamento de Justicia dice que la construcción podría comenzar ese mismo día si la comisión aprueba los planes, el Departamento del Interior autoriza los trabajos y el Servicio de Parques Nacionales emite el aviso para proceder. El Gobierno afirma que los primeros seis a ocho meses implicarían excavación subterránea y trabajos de cimentación, que la construcción sobre el suelo no se espera antes de mayo de 2027 y que el plazo total es de 33 a 39 meses.
La propia revisión actualizada del Servicio de Parques Nacionales identifica un impacto adverso sobre al menos una propiedad histórica, según los reportes del caso. The Washington Post también ha informado sobre un estudio de sombras que sugiere que el arco proyectaría sombra sobre tumbas y monumentos de Arlington. Los demandantes sostienen que los renders arquitectónicos presentados recientemente confirman que la estructura interrumpiría la conexión visual establecida entre el Monumento a Lincoln y el cementerio, y entre el Monumento a Lincoln y el Monumento a Robert E. Lee.
En el centro del caso hay una disputa sobre si el Congreso ha autorizado el arco. Los cuatro demandantes —los veteranos de la guerra de Vietnam Michael Lemmon, Shaun Byrnes y Jon Gundersen, y el historiador de la arquitectura Calder Loth— quieren que se detengan los pasos hacia la construcción a menos que el Congreso autorice el proyecto. Sostienen que necesita una autorización separada del Congreso bajo la Ley de Obras Conmemorativas y la sección 8106 del título 40 del Código de Estados Unidos, la ley que rige la construcción en terrenos federales de la capital.
El Departamento de Justicia no está de acuerdo. Argumenta que los demandantes carecen de legitimación y dice que una ley de 1925 que autorizó el Puente Conmemorativo de Arlington también respalda el arco. Los abogados del Gobierno han calificado las mociones de los demandantes de "exaltadas" e instaron a Chutkan a aplicar el precedente reciente del Tribunal Supremo del litigio sobre el salón de baile propuesto en la Casa Blanca. El tribunal aún no ha resuelto esos argumentos contrapuestos, y la audiencia del viernes trató sobre una medida cautelar —una orden de emergencia para congelar el proyecto— y no sobre una sentencia definitiva sobre el fondo.
La batalla legal no termina en el tribunal de Chutkan. El condado de Arlington ha presentado una demanda separada ante un tribunal federal de Virginia para detener el proyecto, que incluye exigencias de una revisión ambiental más completa. Las determinaciones de la Administración Federal de Aviación, las aprobaciones impugnadas del Servicio de Parques y de la Comisión de Bellas Artes, y el desafío del condado significan que incluso una sentencia favorable al Gobierno en Washington no despejaría todos los obstáculos. Seis organizaciones, entre ellas Vietnam Veterans of America, presentaron un escrito contra la medida cautelar y a favor de la construcción, pero el presidente de la organización, Tom Burke, dijo a The Washington Post por correo electrónico que el grupo nacional no había adoptado ninguna posición sobre la construcción o el diseño del arco, y afirmó que lo habían inducido a error antes de que la organización respaldara el proyecto.
Wendy Liu, abogada de los demandantes, dijo al tribunal que, dado su enorme tamaño, el arco oscurecería las vistas entre el Monumento a Lincoln, uno de los monumentos emblemáticos de Washington, y el Cementerio Nacional de Arlington. Shaun Byrnes, uno de los demandantes, ha descrito su oposición como una cuestión de responsabilidad hacia los compañeros veteranos que murieron durante la guerra de Vietnam. Los demandantes argumentaron en sus escritos que el interés público respalda bloquear la construcción de inmediato, antes de que los primeros trabajos causen un daño que no pueda revertirse.
La posición del Gobierno, presentada por Stander, es que el proyecto es una alta prioridad, que los demandantes no pueden demostrar el tipo de daño inminente e irreparable que exige una medida cautelar, y que los tribunales deben respetar el proceso de planificación aún en curso. Las preguntas de Chutkan sugirieron que no estaba convencida, al menos en cuanto a la urgencia: si el Gobierno puede esperar una revisión completa de la planificación, preguntó, ¿qué se pierde por esperar unos meses más mientras los tribunales examinan si el proyecto es legal en primer lugar?
La audiencia también llamó la atención sobre la propia presentación del caso por parte del Gobierno. Chutkan señaló que, si bien Trump ha promovido la justificación militar en redes sociales durante meses, el Gobierno parecía haberse apartado de esa posición en sus escritos judiciales, para luego volver a ella con las declaraciones de Hegseth y Mullin. Esa tensión —entre un monumento presentado al público como una celebración y una instalación defendida en el tribunal como un activo de defensa— probablemente figurará en cualquier resolución que dicte.
Lo que está en juego va más allá de un monumento. La decisión de planificación del 5 de noviembre crea una ventana estrecha: si la comisión aprueba los planes finales y el Departamento del Interior y el Servicio de Parques actúan con rapidez, la excavación podría comenzar mientras el litigio sigue pendiente. Una vez cavados los cimientos y alterado el terreno, sostienen los veteranos, el daño al carácter histórico del lugar no puede revertirse con facilidad, y por eso pidieron una medida de emergencia antes de que comiencen las obras y no después.
El caso también pone a prueba hasta dónde puede llegar un presidente a remodelar el núcleo monumental de la capital sin una votación específica del Congreso. El arco es uno de varios proyectos con los que Trump ha buscado dejar su sello personal en Washington: el salón de baile de la Casa Blanca, para el que se demolió un ala entera de la mansión presidencial; la laboriosa renovación del Reflecting Pool en el National Mall; y una propuesta de renovación del campo de golf East Potomac, un histórico campo junto al río que es a su vez objeto de una amarga batalla legal. Una sentencia que exija una autorización separada del Congreso para el arco marcaría un precedente para todos ellos. Una sentencia en sentido contrario daría al Gobierno mayor libertad de acción.
Para los veteranos y sus familias, la cuestión es más personal. Arlington no es un telón de fondo, sino un cementerio, y la vista desde el Monumento a Lincoln a través del Potomac forma parte de cómo la nación enmarca el recuerdo. El caso de los demandantes se apoya en esa conexión vivida: visitan el lugar, lloran a sus compañeros y dicen que una estructura de 250 pies plantada en medio de esa vista cambiaría la experiencia para siempre. El estudio de sombras y la determinación de impacto adverso del Servicio de Parques dan a ese argumento una base fáctica más allá del sentimiento.
Todas las miradas están ahora puestas en la pronta resolución prometida por Chutkan. Si concede la medida cautelar, los pasos hacia la construcción quedarán congelados mientras el caso sigue su curso, y la reunión de planificación del 5 de noviembre se celebrará bajo una orden judicial que prohíbe las obras. Si la deniega, el Gobierno podría pasar a iniciar la excavación tan pronto como la comisión, el Departamento del Interior y el Servicio de Parques den sus aprobaciones, y los demandantes enfrentarían la tarea más difícil de detener un proyecto ya en marcha.
De cualquier modo, la lucha continúa. La demanda del condado de Arlington en Virginia seguirá adelante de forma independiente, y las agencias de planificación aún deben completar sus propias revisiones. El calendario del arco —excavación durante el invierno, trabajos sobre el suelo desde mayo de 2027, finalización entre 33 y 39 meses después del inicio— significa que la batalla legal se desarrollará junto a las obras durante años si la construcción comienza. Con las celebraciones del 250 aniversario del país como telón de fondo, la pregunta de qué pertenece en el Mall, y quién decide, difícilmente quedará resuelta con una sola audiencia.
El arco mediría 250 pies, unos 76 metros, inspirado en el Arco del Triunfo de París, en una rotonda entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.
El Departamento de Justicia dice que la construcción podría comenzar el 5 de noviembre de 2026, si la Comisión de Planificación de la Capital Nacional otorga ese día la aprobación final y el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales autorizan los trabajos.
Tres veteranos de la guerra de Vietnam —Michael Lemmon, Shaun Byrnes y Jon Gundersen— y el historiador de la arquitectura Calder Loth. Sostienen que el proyecto carece de autorización del Congreso y dañaría las vistas y la santidad del Cementerio Nacional de Arlington.
No dictó una resolución inmediata en la audiencia del 30 de octubre, pero dijo que decidiría "con prontitud" sobre la solicitud de medida cautelar, tras cuestionar con dureza la justificación de seguridad nacional del Gobierno y su prisa por construir.
El Gobierno afirma ahora que el arco serviría como atracción turística y como instalación militar para almacenar drones y municiones, citando declaraciones de los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional. Los demandantes y la jueza han cuestionado esa justificación, al señalar que no formaba parte del anuncio original.
Cobertura relacionada: La jueza bloquea la campaña de presión electoral del DOJ días antes de las elecciones; La jueza bloquea la renovación del campo de golf East Potomac de Trump tras la tala de 400 árboles; Trump responde a Obama por la burla de la renovación de la Casa Blanca.
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